Creemos que en la Argentina de hoy miles y miles de jóvenes viven una situación de marginalidad, producto fundamentalmente de la desatención del Estado en cuanto a garantizar las necesidades mínimas de cualquier persona.
La mayoría de los jóvenes no puede acceder a educación de calidad y no termina sus estudios secundarios, como tampoco acceden a la salud o a un primer empleo digno o a una vivienda.
En todos los casos siempre sostuvimos que queremos una sociedad inclusiva y no exclusiva, que no aceptamos la marginación y la estigmatización y mucho menos la cárcel para solucionar las problemáticas políticas, económicas y sociales.
Estamos convencidos de que la solución para estos temas debe ser integral. Ya lo plantemos cuando presentamos el Proyecto de Ley Nacional de Juventud. En ese proyecto planteamos algunas propuestas para solucionar la problemática de la falta de empleo juvenil, del acceso a la salud, a la educación, al boleto estudiantil, a la primera vivienda, al deporte y a las actividades culturales. También propusimos cuales deberían ser las medidas a tomar desde el Estado para combatir las adicciones, la trata de personas, y la violencia; provenientes éstas, tanto del Estado y las fuerzas de seguridad, como de los llamados patovicas.
Esta vez nos toca hablar del tema de las drogas o sustancias ilícitas. Tenemos claro que en este caso tampoco la solución es la cárcel y por eso estamos convencidos de que los usuarios y consumidores no deben ir presos.
NUESTRA PROPUESTA DE MODIFICACION DE LA LEY 23.737
Para comenzar debemos aclarar que consideramos la cuestión del consumo de drogas como una temática que debe ser también abordada desde una perspectiva integradora entre las políticas de salud pública, educativas y sociales.
Es fundamental que desde el Estado se aplique la Ley de Salud Mental que incluye la problemática de las adicciones, y que se sanciono en noviembre del año pasado. Esta ley propone diversas alternativas de tratamientos, siempre ofrecidos en forma gratuita y con profesionales de distintas aéreas como ser psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras y acompañantes terapéuticos. Esta ley considera a la internación como un último recurso y además propone abordar esta temática teniendo en cuenta el circulo social del adicto y sin cortar los vínculos sociales de su entorno. (La podés descargar en esta página).
También creemos que es muy importante que se implemente el Programa Nacional de Educación para la Prevención de Adicciones y el Consumo, que básicamente plantea campañas de educación y prevención en las escuelas, e incluye también la capacitación para los docentes.
Hoy, la actual ley, establece que cualquier persona que tenga alguna droga ilegal en su poder, puede ser detenida, se le debe iniciar una causa penal cuya pena comienza desde los 2 meses de prisión en adelante.
Una vez iniciado el proceso penal, si el juez considera que la posesión era para consumo personal, se puede aplicar una pena de prisión o un tratamiento. Si la persona decide realizar el tratamiento, pero no consigue vacante en los lugares propuestos por el Estado o lo abandona, debe cumplir su pena en prisión.
La ley no especifica cuando o como se considera que la sustancia en poder de la persona es para consumo personal, por lo que queda al estricto criterio del juez. La mayoría de las causas por drogas son: el 70 % son por consumo personal, un 29% por tenencia simple y un 1% por narcotráfico.
De estos datos podemos deducir algunas cosas. Está claro que la justicia y la policía no están combatiendo al narcotráfico y por otro lado, que casi el 99% de las causas son por consumo.
En este punto debemos explicar la “tenencia simple”. Esta figura penal es la que se aplica en los casos en los que el juez considera que la persona tenia droga en su poder pero no para consumo personal, pero tampoco puede comprobar que vendía o producía drogas. En este caso las penas son de 1 a 6 años de prisión y a la mayoría de los procesados por drogas se les aplica esta figura penal.
Por eso, a diferencia de los otros bloques políticos que presentaron proyectos en el Congreso, nosotros proponemos eliminar tanto la tenencia para consumo personal, como la tenencia simple. Los radicales, los socialistas, el Gen y la parte del Frente para la Victoria que tiene proyecto presentado, plantean despenalizar la tenencia para consumo personal, usando la siguiente frase “cuando surja inequívocamente que es para consumo personal, no será punible”. Aquí se ve claramente lo que explicábamos antes: “surja inequívocamente” esta frase deja librado a criterio del juez si considera que es para consumo personal o no. Por lo general consideran que no y el proceso es por tenencia simple. Ninguno de estos bloques propone sacar la “tenencia simple”, con lo que las cosas quedarían en los hechos simplemente igual.
Creemos que así como está la ley es inconstitucional, porque viola el principio de inocencia consagrado en nuestra Constitución Nacional. Constitución que dice claramente que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Con esta ley se detiene a una persona, que luego y durante el proceso penal debe demostrar su inocencia, es decir que tenía droga para su consumo personal.
Despenalizando, proponemos que no se pueda procesar a los consumidores y que de este modo el Estado se concentre en el comercio y la producción de estupefacientes, es decir: el narcotráfico.
No planteamos que no se pueda detener a alguien que tenga drogas, planteamos que se investigue previamente si esta persona realiza actividades de tráfico de estupefacientes y entonces sí, que se aplique la Ley. De lo contrario, se sigue violando el art 19 de la Constitución que dice que las actividades privadas de las personas no serán alcanzadas por la justicia…
No hablamos de cantidades, porque consideramos que cualquier cantidad es arbitraria y además porque no se trata de la cantidad sino del fin con el que la persona tiene la droga en su poder: si es para vender o para consumir.
Queremos combatir el narcotráfico y por ello también proponemos que no se penalice el auto cultivo de marihuana. Hay mucha gente que es usuaria responsable de esta droga y que al cultivarla en su casa, evita entrar en las redes de narcotráfico. La marihuana es una planta y proponemos que no haya pena por tenerla. Además sería incoherente despenalizar el consumo pero seguir penalizando el cultivo o la tenencia de semillas.
También proponemos terminar los tratamientos impuestos como penas. En primer lugar, porque creemos que es un tema de la salud y que no debe estar enmarcado en el código penal. Y por último, porque consideramos que impuesto de esta manera no sirve, debido a que se establece como una pena en reemplazo de la cárcel. Además en la mayoría de los casos no hay vacantes para realizarlo en forma gratuita en los lugares vinculados al Estado y por lo tanto el adicto debe pagarlo por su cuenta, lo que en la mayoría de los casos es imposible y por lo tanto la persona termina abandonando el tratamiento y cumpliendo su pena en prisión. Cuando finaliza el proceso, por lo general el adicto no solo no solucionó su problemática de salud, sino que además empeoró su situación social al ser un ex preso.
Por todo esto pensamos que la Ley 23.737 es totalmente violatoria de la Constitución Nacional y de los derechos humanos: viola el derecho a la salud, a la libertad, a la privacidad, a la libre elección y además discrimina y estigmatiza.
Queremos cambiar la ley porque no queremos más pibes presos por consumir. Queremos presos a los narcotraficantes y a los policías y jueces corruptos. Despenalizar el consumo es combatir el narcotráfico. Y eso salva vidas.
Por todo esto pensamos que la Ley 23.737 es totalmente violatoria de la Constitución Nacional y de los derechos humanos: viola el derecho a la salud, a la libertad, a la privacidad, a la libre elección y además discrimina y estigmatiza.
Queremos cambiar la ley porque no queremos más pibes presos por consumir. Queremos presos a los narcotraficantes y a los policías y jueces corruptos. Despenalizar el consumo es combatir el narcotráfico. Y eso salva vidas.
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